Un juez federal determina que la Administración Trump violó la ley al desplegar tropas en Los Ángeles

Un juez federal de California determinó que el despliegue de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles, ordenado por Donald Trump en junio de 2025, violó la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares para hacer cumplir la ley en territorio estadounidense. La medida de la Casa Blanca había enviado a unos 4 000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a las calles de la ciudad sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom ni de la alcaldesa Karen Bass, en respuesta a las protestas por redadas migratorias. Se trató de la primera vez desde 1965 que un presidente federalizaba tropas sin autorización estatal, lo que desató una fuerte confrontación política y legal.

El juez Charles Breyer concluyó que las tropas se usaron para establecer perímetros, bloquear tráfico, controlar multitudes y mantener presencia armada en la ciudad, funciones claramente prohibidas por la ley. Su fallo no ordena la retirada total de los efectivos, pero sí prohíbe que participen en tareas policiales como arrestos, patrullajes o control de multitudes, restricción que entra en vigor el viernes siguiente. El gobernador Newsom celebró la decisión como una derrota para Trump, al afirmar en redes sociales que la militarización de las calles era ilegal y que el exmandatario volvía a perder en los tribunales.

El caso, sin embargo, no está cerrado. En junio un tribunal de apelaciones había permitido temporalmente el despliegue al considerar que Trump actuaba dentro de su autoridad presidencial, y ahora se espera una nueva batalla legal en instancias superiores. La disputa refleja la tensión entre el poder federal y la autonomía de los estados, y revive el debate sobre los límites constitucionales en el uso de la fuerza dentro del país. Para la administración Trump, la militarización de ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago o Baltimore forma parte de una estrategia política frente a la inmigración y la protesta social; para sus opositores, es un peligroso precedente que erosiona el equilibrio de poderes y amenaza derechos fundamentales.

La decisión del juez Breyer se convierte así en un revés significativo para la agenda de Trump, reafirmando que el Ejército no puede emplearse como herramienta de control interno y subrayando la importancia del sistema judicial como contrapeso frente a excesos del poder ejecutivo.