Reforma para instaurar la jornada laboral de 40 horas: el proceso legislativo que viene
La iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en México ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre derechos laborales y modernización del entorno de trabajo. Esta propuesta, presentada en el Congreso y actualmente en etapa de análisis, implica una modificación constitucional que, de aprobarse, representaría uno de los cambios más significativos en la legislación laboral del país en décadas.
El camino legislativo inicia en el Senado, donde las comisiones correspondientes deben emitir un dictamen. Una vez discutida y votada en comisiones, la propuesta pasa al Pleno, donde puede aprobarse tal como fue presentada o con modificaciones. Superada esta etapa, la minuta se envía a la Cámara de Diputados, que deberá revisarla bajo el mismo procedimiento: análisis, discusión y votación.
Si ambas cámaras coinciden en el contenido —es decir, si no existen modificaciones entre una y otra— la reforma se remite a las legislaturas estatales. Para que entre en vigor, al menos 17 congresos locales deben ratificarla. Este paso es indispensable, ya que se trata de una reforma constitucional. Tras la aprobación estatal, el Poder Ejecutivo deberá promulgarla y ordenar su publicación, momento en el cual comenzaría el proceso de implementación.
La propuesta plantea una reducción gradual de horas laborales. A partir de 2027, cada año se disminuirían dos horas de la jornada semanal hasta llegar a las 40 horas en 2030. Las autoridades han señalado que este ajuste no implicará reducción de salarios ni afectación a prestaciones, sino que busca mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, favoreciendo un equilibrio más sano entre empleo y vida personal.
La discusión ha generado diferentes posturas. Mientras algunos sectores consideran que la reducción podría aumentar la productividad y el bienestar, otros advierten la necesidad de revisar impactos en costos operativos, sobre todo para pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa sigue su curso legislativo y se perfila como un proceso que requerirá consensos amplios. De aprobarse, marcaría un cambio estructural en la organización laboral del país y colocaría a México dentro del grupo de naciones que han adoptado jornadas más cortas como parte de sus políticas de bienestar y desarrollo.
