Nicaragua declara propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras
En una medida que ha generado debate y preocupación, Nicaragua aprobó la Ley de Territorio Fronterizo, que declara propiedad estatal cualquier terreno, construcción o cuerpo de agua ubicado a menos de 15 kilómetros de sus fronteras.
La normativa, impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma expedita por la Asamblea Nacional sin un proceso previo de consulta en comisión. Según el texto oficial, el objetivo es reforzar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad ante posibles amenazas externas y delitos como narcotráfico, trata de personas o lavado de activos.
Aunque el gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger el país, organizaciones opositoras y juristas advierten que el impacto podría ser significativo en los derechos de propiedad privada y en las actividades económicas que se desarrollan en las zonas fronterizas. Hasta el momento, no se han detallado los mecanismos de implementación ni las compensaciones que se darán a posibles afectados.
Con esta ley, Nicaragua suma un nuevo capítulo a su lista de reformas controvertidas, en medio de un contexto político marcado por la concentración de poder y el debilitamiento de espacios de diálogo con la sociedad civil.
